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Serie Víctimas de dictaduras militares 1964-1982 excluidas (lV): GOBIERNO ACELERA MÁS PROYECTOS DE LEY PARA VÍCTIMAS DE DICTADURAS 1964-1982
- Por Edgar Ramos Andrade (*) / El Alto - Bolivia / 19 agosto 2022 / Agencia Noticias ANC - Prensa Internacional +591 5801838 edgar.elalto@gmail.com
 
1. Parece mentira, o ficción. A 58 años del inicio de la dictadura de René Barrientos, 51 años de la de Hugo Banzer y a 4 décadas del retorno de la democracia, el gobierno acelera promesas de nuevos proyectos de Ley para las víctimas de las dictaduras. Lo hace por la triple presión: social, mediática por nuestro granito, y partidaria por lo de Sacaba y Senkata.

LO AVANZADO HASTA AHORA

2. En este siglo XXI, se aprobaron tres leyes: 2640 (2004) que dispone reparar a las víctimas pero con varias exclusiones, plazos irracionales y personal poco calificado. Ello ocasionó más de una confusión y mucho reclamo.
 
3. Luego vino la Ley 238 (2012) impulsada por la inefable ministra Cecilia Ayllón quien incurrió en la tragedia de dividir (según militancia partidaria y rasgos raciales) a víctimas, inclusive “privilegiadas” en una lista de 1.714 beneficiarios de reparación económica, solo con 20%.
 
4. Una década después, el Parlamento se acordó que debe “completar” el 80% restante, y se puso en vigencia la Ley 1446 (2022) que establece presupuesto de Bs.100 millones aunque alertó que “si sobra algo de ese dinero” será destinado a las víctimas de Sacaba y Senkata 2019.

PENDIENTES LEGISLATIVOS
5. Por ahora quedan al menos 3 leyes, a saber: Una para la Revisión Extraordinaria de casos de víctimas que fueron “desestimadas” o excluidas por las irracionales comisiones Conrevip y Comteca que estaban a cargo de abogados jovenzuelos que pedían: testigos de la tortura en Achocalla o Certificado de exilio. Por ahora son 4.463 víctimas, y varias se desanimaron ante la crueldad de los conductores del Estado. El proyecto debe estar listo en 30 días.
 
6. Otra Ley pendiente es la “Política Integral de Reparación a Víctimas de dictaduras militares” que debiera establecer, además de la reparación económica, una serie de reparaciones establecidas en el débil y desprolijo Informe Final de la Comisión de la Verdad, que trabajó de 2016 a 2019 y que para muchas víctimas fue frustración, y se lo dijimos a la CIDH en audiencia de junio 2021.
 
7. Este proyecto debiera disponer que avenidas, plazas, calles y otros espacios públicos lleven nombre de las víctimas de las dictaduras. Por ejemplo, en Santa Cruz habría que reemplazar el nombre de la Avenida “Hugo Bánzer”, por el de Leslie Andreuzzi, la periodista que fue violada por 100 soldados en la 8va División de Ejército de calle Charcas, luego llevada moribunda a La Paz y fusilada el 13 de septiembre de 1971 en el Regimiento Bolívar de Viacha.
 
8. Un tercer Proyecto de Ley es para reparar económicamente a víctimas que al ver los absurdos de Conrevip y Comteca y NO presentaron documentos solicitados. Otros, simplemente no alcanzaron por los ilógicos plazos del Ministerio de Justicia.

PEDIDOS PERSONALES
9. Como hicimos seguimiento detallado a este doloroso proceso, tenemos algo de autoridad moral para pedir. Al Fiscal General, Juan Lanchipa, para que informe sobre recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad, para iniciar juicios nuevos, adherirse a los en curso y sobretodo: Aplicar el artículo 113 de la Constitución acerca de los juicios por repetición. O sea que, en juicios internacionales en los que Bolivia fue sentenciada como Estado represivo, la Fiscalía debe iniciar procesos a quienes resultaron responsables.
10. A más de dos años de que fue entregado el Informe de la Comisión de la Verdad, que tiene nombres y apellidos, Lanchipa DEBE revisar ese informe y ORDENAR a sus subalternos: ACTUAR de oficio. Hasta ahora la Fiscalía General del Estado NO informó nada.  ¿Habrá hecho algo?
 
11. A Ricardo Torres Echalar, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, disponer que jueces penales del país, declarados en comisión, inicien esos procesos judiciales, de adhesión a juicios internacionales o iniciar otros, según el artículo 113 de la Constitución.
 
12. Haremos seguimiento detallado a ambas autoridades.
 
(*) Edgar Ramos Andrade. Comunicador e Investigador Social UNLP Argentina. Lideró la fundación y fue primer Rector UPEA año 2000 (gestión Banzer). Es Magistrado Internacional del Tribunal “Verdad y Justicia Siolé” que juzgará la matanza de jóvenes colombianos en abril, mayo y junio 2021; +591 75801838  edgar.elalto@gmail.com